Lea sobre esta intervención en un Artículo de VoxDev.

El Desafío

La confianza de los ciudadanos en la seguridad pública y en la policía puede tener implicaciones importantes para la calidad de la actuación policial, así como para la confianza en el estado en general. Los sentimientos generalizados de inseguridad entre los ciudadanos se asocian con una menor percepción de la legitimidad de la policía, lo que puede dificultar que la fuerza policial reclute a los mejores talentos, asegure la financiación y transmita información al público.¹ La desconfianza en la policía y las percepciones de inseguridad también pueden reducir la participación de los ciudadanos en los esfuerzos de seguridad pública, lo que puede limitar la comprensión de las necesidades de los ciudadanos por parte de la policía y reducir la motivación de los agentes de policía.² 

Se ha establecido desde hace mucho tiempo que el predictor más confiable de la confianza ciudadana en la policía es el grado en que los agentes de policía se comportan de acuerdo con los principios de la justicia procesal, un marco que originalmente ganó prominencia en la criminología estadounidense en la década de 1990.³La justicia procesal especifica cuatro principios que determinan si los ciudadanos percibirán a sus autoridades como legítimas: (1) voz (la oportunidad de ser escuchado antes de las decisiones policiales, para brindar “su versión de la historia”); (2) la neutralidad de los oficiales de policía (la seguridad de que el comportamiento o las decisiones de los oficiales de policía no están motivados de ninguna manera por la apariencia física, el género, las preferencias u otras características individuales); (3) dignidad y respeto (la percepción de que los policías los tratan como ciudadanos de pleno derecho y con presunción de inocencia); y (4) confiabilidad (claridad de la policía sobre por qué están haciendo lo que están haciendo y qué puede esperar un ciudadano a continuación).⁴

El crimen, la violencia y un estado de derecho débil se encuentran entre algunos de los problemas más apremiantes de América Latina. México, en particular, ocupó el puesto 99 entre 102 países en términos de Orden y Seguridad en el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial 2017-2018, y tiene el peor desempeño tanto dentro de América Latina como entre países con niveles de ingresos similares.⁵ La inseguridad también aparece constantemente como la principal preocupación de los ciudadanos, muy por encima de la pobreza, el desempleo o la salud pública.⁶  

La Ciudad de México es la ciudad más grande del país, con más de 9 millones de habitantes. Si bien tiene una de las tasas de homicidios más bajas del país y cuenta con una fuerza policial en gran medida efectiva, la percepción ciudadana de seguridad pública y la confiabilidad de la fuerza policial es consistentemente baja. Por ejemplo, en 2017, el 85 % de los habitantes de la Ciudad de México reportaron sentirse inseguros y solo el 37 % reportaron tener confianza en la policía.⁷

Si los cuatro comportamientos policiales mencionados se asocian sistemáticamente con interacciones más positivas con la ciudadanía, las fuerzas policiales deberían beneficiarse si institucionalizaran dichos comportamientos mediante programas de capacitación, sistemas de incentivos y evaluación, métodos de comunicación interna y otros procesos organizacionales. Sin embargo, esto requiere claridad sobre qué tipos de intervenciones pueden mejorar realmente los resultados y cómo.

La evaluación

Los investigadores trabajaron con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para realizar una evaluación aleatoria del impacto de una capacitación en justicia procesal en la comprensión e internalización del marco de justicia procesal por parte de los agentes de policía, así como en los cambios en su comportamiento.

Trabajando en conjunto, la Secretaría y el equipo de investigación adaptaron el modelo de justicia procesal al contexto mexicano y desarrollaron un programa de capacitación (con manuales complementarios) para alentar a los oficiales de línea y comandantes a aplicar los principios de la justicia procesal en su trabajo. Los investigadores asignaron aleatoriamente 60 sectores policiales de la Ciudad de México para recibir la intervención o no. En total, 966 oficiales de línea y sus comandantes en 30 sectores recibieron la intervención, y 888 oficiales de línea en otros 30 sectores no la recibieron.

Los oficiales de línea y los comandantes que recibieron la intervención participaron en un entrenamiento de nueve horas (doce horas para los comandantes) durante tres días que se adaptó a sus funciones. Las sesiones de capacitación, que contenían un máximo de 20 oficiales, se enfocaron en fortalecer las capacidades de los oficiales de policía para aplicar los principios de justicia procesal al interactuar con los ciudadanos en una variedad de situaciones diferentes. La capacitación también dedicó tiempo a reflexionar sobre los diversos elementos condicionantes que podrían influir negativamente en las interacciones policía-ciudadano, como los estereotipos, los prejuicios, el contexto social y los casos históricos de mala conducta policial; y que a pesar de que los ciudadanos en ocasiones traten injustamente a los agentes de policía, es responsabilidad de la policía y de sus agentes restaurar la confianza de los ciudadanos. Después de la capacitación, los oficiales de línea y los comandantes recibieron recordatorios en forma de folleto y tarjeta con un resumen de la información cubierta en la capacitación, reconocimiento de participación en el taller y cinco recordatorios de conceptos clave de capacitación a través de SMS.

El estudio midió las percepciones de los agentes de primera línea sobre la importancia de la justicia procesal, si internalizaron los conceptos de justicia procesal y su cambio de comportamiento real en las calles. Para evaluar el impacto de la intervención en las percepciones, los investigadores realizaron encuestas a los participantes al inicio y al final de la intervención, utilizando un cuestionario estructurado junto con entrevistas en profundidad con fotos como apoyo (llamado "diario fotográfico"). Para evaluar los impactos en el comportamiento, los investigadores realizaron un estudio de "comprador misterioso" que envió actores para simular interacciones ciudadanas con agentes de primera línea mientras usaban cámaras y micrófonos ocultos en los sectores policiales de tratamiento y control. Las encuestas iniciales se realizaron de dos a cuatro semanas antes de la capacitación. Las encuestas de seguimiento se realizaron en promedio tres meses después de la capacitación.

Resultados

En general, la capacitación en justicia procesal tuvo un impacto significativo en las percepciones y el comportamiento de los agentes de primera línea. En todas las medidas, los investigadores estiman que la capacitación produjo efectos lo suficientemente importantes como para llevar a la mediana a un agente cuyo desempeño en justicia procesal comenzó en el cuartil inferior de la distribución.⁸

Percepciones: En promedio, los oficiales que recibieron capacitación en justicia procesal percibieron mayor importancia para los cuatro principios de justicia procesal (voz, neutralidad, respeto y confiabilidad) que sus contrapartes en el grupo de comparación. Para estimar el impacto general de la capacitación en las percepciones de los oficiales, el equipo de investigación midió las percepciones de los oficiales sobre cada principio y las compiló en un índice, en el que los oficiales capacitados obtuvieron un 4.8 por ciento más que los no capacitados.

Los agentes que comenzaron con opiniones más positivas sobre cómo los ciudadanos percibían su trabajo se beneficiaron más de la formación, lo que sugiere la importancia de la empatía y la comprensión entre los agentes de policía y los ciudadanos. Además, y aprovechando una variación casi aleatoria en el momento de la capacitación entre los oficiales de línea y los comandantes, los investigadores muestran que la capacitación fue más efectiva para los oficiales cuyos gerentes también fueron capacitados.

Comportamiento: De tres a doce meses después del entrenamiento, los “compradores misteriosos”, haciéndose pasar por ciudadanos, interactuaron con 488 oficiales de línea: 211 oficiales no capacitados y 277 capacitados. En estas interacciones, los oficiales capacitados se desempeñaron mejor que los no capacitados, con un puntaje promedio de 4.1 por ciento más alto en un índice de justicia procesal medido por observadores externos instruidos en comportamiento procesalmente justo.

Al igual que con las percepciones, los impactos positivos en el comportamiento fueron mayores para los agentes que, al inicio del estudio, tenían una percepción más positiva de la ciudadanía, así como para aquellos con una percepción más prosocial de sus comunidades en general y aquellos con mayor satisfacción laboral. No se observaron cambios entre los agentes que patrullaban zonas relativamente más riesgosas (medidas por el número de delitos denunciados) en comparación con aquellos en zonas con tasas de delincuencia más bajas.

Impacto e implicaciones de las políticas

Desde 2019, más de 1,500 policías en 28 ciudades de México han recibido capacitación en justicia procesal. En tres ciudades, el IPA también ha apoyado un programa de capacitación de capacitadores, que capacita a los departamentos de policía para que incluyan la justicia procesal como una capacitación independiente o como parte de su formación básica. La justicia procesal también se ha integrado como una estrategia para fomentar la confianza ciudadana en la Ciudad de México, como parte del programa de prevención de homicidios Alto al Fuego, y en Cancún, Chihuahua, Saltillo, San Nicolás y Morelia, como parte de sus programas de policía comunitaria. 

Fuentes