Uso de la resolución de disputas comunitaria para mejorar los derechos de propiedad en Myanmar

Uso de la resolución de disputas comunitaria para mejorar los derechos de propiedad en Myanmar

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Resumen

En Myanmar, las disputas por la tierra son comunes ya que muchos ciudadanos carecen de documentación formal para probar su propiedad de la tierra, y los refugiados y desplazados internos (IDP) no pueden demostrar la ocupación continua de su tierra. Para identificar formas efectivas de abordar este problema, los investigadores realizaron una evaluación piloto de un programa de resolución de disputas basado en la comunidad (CBDR), probando la viabilidad de implementar la intervención a mayor escala.

Tema de política

Para las sociedades que emergen de un conflicto, los mecanismos efectivos de resolución de disputas pueden ayudar a mantener una paz duradera. Sin estos sistemas, cada límite terrestre, trato comercial, testamento o préstamo podría dar lugar a una disputa, algunas de las cuales pueden volverse violentas. En los estados débiles, el fortalecimiento de las instituciones formales de resolución de conflictos puede llevar décadas. A corto plazo, ¿qué pueden hacer los estados para mejorar la calidad de la resolución informal de disputas y reducir la violencia? Las capacitaciones de resolución alternativa de disputas (ADR) son una solución potencial, con el objetivo de enseñar un conjunto de habilidades y prácticas que pueden ayudar a construir normas comunitarias sobre cómo las personas deben resolver disputas. La ADR puede tener efectos sobre el desarrollo económico y la inversión al reducir la incertidumbre sobre cómo resolver reclamos contrapuestos y aumentar la confianza en las autoridades locales. Ha habido poca investigación rigurosa sobre la eficacia de los mecanismos de resolución de disputas de tierras a nivel mundial, y ninguna en Myanmar. Este estudio tuvo como objetivo examinar la factibilidad de llevar a cabo dicha investigación.

Contexto de la Evaluación

En Myanmar, décadas de gobierno militar y conflicto armado interno han dado lugar a frecuentes confiscaciones de tierras y desalojos forzosos. Los funcionarios gubernamentales y los comandantes militares se apoderan de la tierra para uso personal e institucional, las autoridades promueven planes de desarrollo sin tener en cuenta a quienes vivían en la tierra, y los grupos étnicos y militares armados aprovechan los enfrentamientos y el desplazamiento para apoderarse del territorio. Las disputas por la tierra siguen siendo uno de los principales desafíos de Myanmar y tienen un impacto desproporcionado en los agricultores rurales, la mayoría de los cuales poseen modestas parcelas de tierra. 

Con la Ley de Tierras Agrícolas de 2012, el gobierno de Myanmar reformó el proceso de registro que utilizan los agricultores para formalizar sus propiedades, brindando oportunidades para que grupos con pocos derechos formales aumenten la seguridad de los derechos de propiedad. Sin embargo, la promulgación y la responsabilidad de varios aspectos de la ley no están claras, están dispersas entre las agencias gubernamentales y están plagadas de corrupción y aplicación débil. Además, muchos ciudadanos carecen de documentación formal para demostrar la propiedad de sus tierras, y los refugiados y desplazados internos (IDP) no pueden demostrar la ocupación continua de sus tierras. Como resultado, las disputas que se centran en la propiedad de la tierra son muy comunes en Myanmar y las instituciones formales locales actualmente no están bien equipadas para lidiar con tales disputas. 

Detalles de la Intervención

[Nota: este estudio no es un ensayo controlado aleatorio.]

Los investigadores se asociaron con el Consejo Noruego de Refugiados para realizar una evaluación piloto de una capacitación de Resolución de disputas basada en la comunidad (CBDR). La evaluación piloto pone a prueba la viabilidad de una intervención que está diseñada para fortalecer las instituciones locales de derechos de propiedad, reducir los conflictos y apoyar el desarrollo sostenible de las poblaciones marginadas, incluidos los desplazados internos y las mujeres en las zonas afectadas por conflictos de Myanmar. 

NRC brindó capacitación y orientación a las autoridades locales que resuelven disputas. El programa constaba tanto de una formación de sensibilización jurídica, que se centró en los derechos esenciales de vivienda, tierra y propiedad (HLP, por sus siglas en inglés) en virtud de la ley de Myanmar, como de una formación en resolución de disputas, que se centró en procedimientos y técnicas para soluciones inclusivas y sostenibles para la vivienda común. , tierra y disputas de propiedad.  

Los investigadores llevaron a cabo 10 debates de grupos focales sobre las perspectivas de los ciudadanos en materia de vivienda, tierra y propiedad en cinco municipios de los estados de Kayin, Shan y Mon, así como en la región de East Bago. Dentro de cada estado o región, se seleccionaron pares de aldeas de modo que una aldea recibió la capacitación en CBDR implementada por el NRC y una aldea sirvió como grupo de comparación, que no recibió ninguna capacitación en el momento del estudio piloto. 

Durante el período de estudio de tres meses, los investigadores evaluaron la viabilidad de implementar la intervención a mayor escala.

Resultados y lecciones de política

El piloto demostró resultados iniciales prometedores en términos de dar forma a la toma de decisiones sobre cuestiones de vivienda, tierra y derechos de propiedad y resolver disputas de herencia y límites, pero la evidencia recopilada no muestra un efecto en las disputas de tierras importantes. Los participantes del estudio piloto informaron que todavía es muy difícil tratar con el personal de la administración del gobierno para plantear inquietudes y solicitar documentos. Un objetivo clave de CBDR es cambiar el comportamiento mediante el cambio de las normas sociales, y dicho cambio de comportamiento lleva tiempo. Los resultados observados pueden no haber sido evidentes inmediatamente después de la intervención y pueden tardar más en surgir. 

Se necesita una evaluación rigurosa de la intervención para medir el impacto en los desafíos, habilidades y normas de resolución de disputas de las comunidades.

30 de noviembre.