Construyendo fuerzas policiales más efectivas en México

Construyendo fuerzas policiales más efectivas en México

Resumen

Los formuladores de políticas de seguridad a nivel municipal y nacional en México están incorporando evidencia reciente en sus estrategias de capacitación para oficiales de policía. 

Las fuerzas policiales en México a menudo carecen de legitimidad y confianza ciudadana, lo que limita su eficacia para combatir la delincuencia y la violencia. Para abordar esto, IPA México y el investigador Rodrigo Canales han colaborado en una serie de actividades de investigación y asesoramiento político basadas en evidencia denominadas "Construyendo Fuerzas Policiales Efectivas, Resilientes y Confiables". Tras una evaluación aleatoria que reveló que una capacitación en justicia procesal mejoró el comportamiento de los agentes en la Ciudad de México, el departamento de policía decidió ampliar la capacitación para abarcar a todos los agentes de la ciudad. En tres ciudades, IPA también ha apoyado un programa de capacitación de capacitadores, que capacita a los departamentos de policía para incluir la justicia procesal como una capacitación independiente o como parte de su formación básica. La justicia procesal también se ha integrado como una estrategia para fomentar la confianza ciudadana en la Ciudad de México, como parte del programa de prevención de homicidios Alto al Fuego, y en Cancún, Chihuahua, Saltillo, San Nicolás y Morelia como parte de sus programas de policía comunitaria. 

México2.jpg
Crédito de la foto: Rodrigo Canales

 

El Desafío

El crimen, la violencia y un estado de derecho débil se encuentran entre algunos de los problemas más apremiantes de América Latina, particularmente en México, donde los ciudadanos mencionan la inseguridad como una de sus principales preocupaciones.

Las fuerzas policiales efectivas pueden ayudar a abordar estos problemas, pero las percepciones de los ciudadanos sobre la confiabilidad de las fuerzas policiales en México suelen ser negativas. La inseguridad pública y la desconfianza generalizada de los ciudadanos hacia la policía se asocian con una menor legitimidad policial, lo que tiene consecuencias negativas para una actuación policial eficaz. 

La investigación ha demostrado que cuando los agentes de policía interactúan con los ciudadanos siguiendo los principios de justicia procesal, los ciudadanos salen de esas interacciones, incluso las contenciosas, con una mayor percepción de confianza en la policía, lo que mejora la legitimidad y la eficacia. Sin embargo, queda la pregunta de cómo una fuerza policial puede institucionalizar la justicia procesal como una capacidad organizativa.

La evidencia

Desde 2017, IPA México ha colaborado con el investigador Rodrigo Canales en un proyecto llamado "Construyendo Fuerzas Policiales Efectivas, Resilientes y Confiables". El proyecto comenzó con una evaluación de una capacitación en justicia procesal para oficiales en la Ciudad de México y desde entonces se ha expandido para incluir varias líneas de investigación y asesoría de políticas con gobiernos locales y nacionales en México. 

En la evaluación inicial del proyecto, el equipo de investigación trabajó con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para evaluar el impacto de una capacitación en justicia procesal para policías. La justicia procesal, un marco que ganó prominencia originalmente en la criminología estadounidense en la década de 1990, especifica cuatro principios que determinan si los ciudadanos percibirán a sus autoridades como legítimas: voz, neutralidad, dignidad y respeto, y confiabilidad.

Trabajando juntos, el Ministerio y el equipo de investigación adaptaron el modelo de justicia procesal al contexto mexicano y desarrollaron un programa de capacitación (y los manuales correspondientes) para alentar a los oficiales de línea y comandantes a aplicar los principios de justicia procesal a su trabajo. El estudio midió las percepciones de los oficiales de línea sobre la importancia de la justicia procesal, si internalizaron los conceptos de justicia procesal y su cambio de comportamiento real en las calles mediante la realización de un estudio de "comprador misterioso" que envió a los actores a simular las interacciones de los ciudadanos con los oficiales.

Los resultados preliminares sugieren que la capacitación en justicia procesal tuvo un impacto significativo en las percepciones y el comportamiento de los oficiales de línea individuales. En todas las medidas, los investigadores estiman que la capacitación produjo efectos lo suficientemente grandes como para llevar a un oficial cuyo desempeño con respecto a la justicia procesal comenzó en el cuartil inferior de la distribución a la mediana. 

Desde entonces, el proyecto se ha ampliado para abarcar más componentes, incluido un proyecto de asesoramiento sobre políticas para reformar el uso de la herramienta Compstat en la Ciudad de México; una evaluación aleatoria en curso de una intervención policial comunitaria en cuatro municipios; y una evaluación aleatoria de la intervención "Cease el fuego" para reducir la violencia de las pandillas en la Ciudad de México. 

El impacto

Poco después de concluir la evaluación de la capacitación en justicia procesal, el equipo del proyecto presentó los resultados a los responsables de la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Tras observar los resultados, la Secretaría decidió ampliar la capacitación en justicia procesal para llegar a la totalidad de sus aproximadamente 80,000 agentes. 

Desde 2019, más de 1,500 policías en 28 ciudades de México han recibido capacitación en justicia procesal. En tres ciudades, el IPA también ha apoyado un programa de capacitación de capacitadores, que capacita a los departamentos de policía para que incluyan la justicia procesal como una capacitación independiente o como parte de su formación básica. La justicia procesal también se ha integrado como una estrategia para fomentar la confianza ciudadana en la Ciudad de México, como parte del programa de prevención de homicidios Alto al Fuego, y en Cancún, Chihuahua, Saltillo, San Nicolás y Morelia, como parte de sus programas de policía comunitaria.