En 2018, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, concedido el derecho legal al trabajo, así como el acceso a los servicios públicos básicos a más de 400,000 inmigrantes venezolanos indocumentados. Investigación sobre el impacto del programa en 2018 aseguró a los políticos que tuvo un efecto insignificante en las comunidades de acogida y esto allanó el camino para otorgar estatus de protección temporal a todos los venezolanos en territorio colombiano por diez años. Por esta razón, el gobierno colombiano es líder en la formulación de políticas basadas en evidencia para las poblaciones desplazadas por la fuerza. y su éxito subraya la necesidad de que los formuladores de políticas trabajen en estrecha colaboración con investigadores y oficinas nacionales de estadística. 

El 28 de enero, Dany Bahar, Profesor Asociado de Práctica de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Brown y representante del Gobierno de Colombia, brindará una descripción general de la situación de las personas desplazadas por la fuerza en el mercado laboral en Colombia y discutirá cómo los datos y la evidencia pueden informar una respuesta efectiva. 

Esto fue seguido por una discusión entre el Banco Mundial, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y expertos gubernamentales y académicos dirigidos por Björn Gillsäter, Director, JDC y Kyle Holloway, Director de País, IPA Colombia.