Mi presentación discutió la relación entre las condiciones económicas, las instituciones políticas y el conflicto. Cuando hablo de conflicto, me refiero al uso de la violencia para resolver desacuerdos. Hay una gran variedad de conflictos en todo el mundo. El conflicto puede involucrar a dos o más países, como en un conflicto o guerra interestatal, o dos grupos dentro de un país (conflicto interno, como una guerra civil). Algunos tipos de conflictos pueden no involucrar al gobierno, como el crimen organizado o los delitos dirigidos a sectores específicos de la sociedad. Mi presentación se centró en el conflicto interno (que se ha vuelto mucho más frecuente que el conflicto interestatal en los últimos 50 años) y los delitos contra las mujeres y las minorías religiosas.

 

Presenté dos hallazgos principales de la investigación académica sobre el tema. El primero es una relación muy sólida entre las condiciones económicas y el conflicto interno. En todo el mundo, se da el caso de que los países más pobres tienen muchas más probabilidades de sufrir una guerra civil. Cuando examiné la guerra civil de Nepal en detalle, encontré el mismo patrón dentro del país. Los distritos de Nepal que tenían una mayor pobreza antes de que comenzara el conflicto experimentaron un número mucho mayor de muertes relacionadas con el conflicto que los distritos que estaban en mejores condiciones (Do y Iyer, 2010). Al observar el conflicto interno en los distritos de la India, encuentro nuevamente que los distritos más pobres experimentan una intensidad de conflicto mucho mayor (Iyer, 2011).

 

El segundo hallazgo que destaqué es que las instituciones políticas importan en el manejo de los conflictos. El ejemplo específico que examiné fue la introducción de cuotas para mujeres en los gobiernos locales de la India. Mis coautores y yo comparamos los delitos contra las mujeres antes y después de la implementación de esta reforma. Dado que la reforma se implementó en diferentes momentos en diferentes estados, podemos controlar otros cambios simultáneos a nivel nacional. Los hallazgos son sorprendentes: los delitos registrados contra las mujeres aumentaron un 26 % después de que las mujeres estuvieran representadas políticamente, y la mayor parte de este cambio parece deberse a un aumento en la probabilidad de denunciar dichos delitos en lugar de un aumento real en la incidencia de delitos contra las mujeres. (Iyer y otros, 2012). Lograr que tales crímenes sean registrados es el primer paso para obtener justicia. Alentadoramente, encontramos que los arrestos por delitos contra las mujeres también aumentan después de la reforma política.

 

En conjunto, estos resultados sugieren que el conflicto interno tiene fuertes raíces económicas y que la representación política puede ser un medio eficaz para proteger a las comunidades objetivo. Por lo tanto, es probable que la reconstrucción del crecimiento económico y las instituciones políticas en entornos posteriores a un conflicto sea fundamental para prevenir más conflictos.