Durante los últimos cinco años, ha habido un interés creciente por parte de las partes interesadas a nivel mundial en la relación entre las transferencias de efectivo y la violencia de género, y en particular, la violencia de pareja íntima (IPV). El interés ha crecido tanto dentro de los espacios de desarrollo como humanitarios, aunque la investigación empírica se concentra principalmente en el primero. Un artículo de revisión de métodos mixtos publicado en 2018 encontró que, en 22 estudios cuantitativos o cualitativos en países de bajos y medianos ingresos (LMIC), la mayoría (73 %) mostró que el efectivo disminuyó la IPV; sin embargo, dos estudios mostraron efectos mixtos y varios otros mostraron impactos heterogéneos (Buller et al. 2018). Un metanálisis más reciente de 14 estudios experimentales y cuasiexperimentales de transferencia de efectivo encontró disminuciones promedio en la IPV física/sexual (4 puntos porcentuales (pp)), IPV emocional (2 pp) y comportamientos de control (4 pp) (Baranov et al. 2021). Una característica de esta literatura es la alta representación de evaluaciones de América Latina, principalmente programas gubernamentales de transferencias monetarias condicionadas. Además, la programación generalmente se enfocaba en objetivos relacionados con la pobreza, y ninguno de los programas estaba diseñado explícitamente para afectar los resultados de la VPI o la violencia de manera más amplia.