Los economistas experimentales creen (y hacen cumplir la idea) que los investigadores no deberían emplear el engaño en el diseño de experimentos. Esta regla existe para proteger un bien público: la capacidad de otros investigadores para realizar experimentos y hacer que los participantes confíen en sus instrucciones como una representación precisa del juego que se está jugando. Sin embargo, otras ciencias sociales, particularmente la psicología, no mantienen tal regla. Examinamos si existe tal problema de bienes públicos engañando deliberadamente a algunos participantes en un estudio, informándoles de este hecho y luego examinando si los participantes engañados se comportan de manera diferente en un estudio posterior. Encontramos diferencias significativas en la selección de los individuos que vuelven a jugar tras ser engañados así como (en menor medida) el comportamiento en los juegos posteriores, aportando así un apoyo cualificado para la proscripción del engaño. Discutimos las implicaciones políticas para el mantenimiento de grupos de participantes separados.