En 2016, la ciudad de Bogotá duplicó las patrullas policiales e intensificó los servicios de la ciudad en las calles con un alto índice de criminalidad. Lo hicieron sobre la base de una política y un consenso criminológico de que tales programas basados ​​en el lugar no solo reducen el crimen, sino que también tienen efectos positivos en las calles cercanas. Para probar esto, trabajamos con Bogotá para experimentar a una escala sin precedentes. Asignaron aleatoriamente 1,919 calles a 8 meses de patrullas policiales duplicadas, mayores servicios municipales, ambos o ninguno. Tal escala trae desafíos econométricos. Los desbordamientos espaciales en redes densas introducen sesgos y complican la estimación de la varianza a través de la "agrupación difusa". Pero un enfoque basado en el diseño y la inferencia de la aleatorización producen pruebas de hipótesis válidas en tales entornos. En contraste con el consenso, encontramos que la intensificación de la presencia estatal en Bogotá tuvo efectos directos modestos pero imprecisos y que dicho delito se desplazó a las cercanías, especialmente los delitos contra la propiedad. Los intervalos de confianza sugieren que podemos descartar reducciones totales en el crimen de más del 2% al 3% de las dos políticas. Más prometedor, sin embargo, es la evidencia sugestiva de que una mayor presencia estatal condujo a una caída del 5% en los homicidios y violaciones en toda la ciudad. Una interpretación es que la presencia del estado puede disuadir más fácilmente los crímenes pasionales que el cálculo, y las intervenciones basadas en el lugar podrían estar dirigidas contra estos crímenes increíblemente costosos y violentos.