Durante la década de 2000, más de 1.5 millones de personas en América Latina y el Caribe fueron asesinadas, equivalente a 2.5 veces la población de Washington, DC La mayoría de estos homicidios se concentraron geográficamente y pueden atribuirse a grupos armados urbanos. La violencia urbana impone costos económicos y sociales significativos en la región, sin embargo, los encargados de formular políticas y tomar decisiones tienen poca evidencia y herramientas limitadas a su disposición para prevenirla y controlarla.

El viernes 7 de septiembre, la Iniciativa de Política Económica y Social en América Latina (ESPLA) en Brookings, Innovations for Poverty Action (IPA) y Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) copatrocinaron un evento para discutir evidencia política de seguridad de base en América Latina e innovaciones en las intervenciones de prevención y reducción del delito. Los panelistas ofrecieron sus puntos de vista sobre qué políticas funcionan, cuáles no y qué queda por aprender. Después de la discusión, los panelistas respondieron preguntas de la audiencia.

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