En la última década, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país. Alrededor de 1.85 millones se encuentran actualmente en Colombia (GIFMM, 2021). Los desafíos para la integración socioeconómica de esta población al país son innumerables. El 8 de febrero de 2021, el gobierno colombiano decidió regularizar su estatus migratorio en Colombia y caracterizarlos a través del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV).

Según datos de Migración Colombia, en menos de un año, más de 1.74 millones de migrantes venezolanos en Colombia completaron el proceso de prerregistro (RUMV) y más de un millón completaron el registro biométrico, pasos necesarios para el proceso de regularización. La escala y la velocidad de este proceso de regularización son únicas en el mundo, particularmente considerando que ciertos grupos sociales, como los migrantes irregulares, son difíciles de alcanzar y caracterizar. Por ejemplo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale encontró que la población de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos puede ser el doble de lo estimado en el censo de la década (Fazel-Zarandi et al., 2018).

En Colombia, algunas de las principales barreras para caracterizar y regularizar a la población migrante venezolana han sido la continua movilidad geográfica, altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, precario acceso a internet y dispositivos móviles, desconfianza en las instituciones encargadas del proceso de regularización, miedo de arresto o deportación, entre otros. Esta nota de política destaca el papel de los líderes comunitarios y los medios que utilizaron en el proceso de regularización.